Capital Social II

    El concepto se ha expandido desde entonces debido a su utilidad para dos tipos de enfoques, ambos interesados en la organización de la sociedad civil. Por un lado, para los argumentos postulados por el banco mundial y otras instancias neoliberales en torno al buen gobierno así como al refuerzo de la sociedad civil y de la iniciativa privada como contrapesos al Estado. Por otro, para los debates teóricos en el campo del desarrollo que defienden la descentralización de la gestión política para hacerla más cercana a los ciudadanos, así como la participación comunitaria y el empoderamiento de la población y de los grupos más vulnerables.

    De esta forma, la formulación inicial de Putnam se ha ampliado. Así, por ejemplo, Coleman (1988, 1990) entiende que el capital social está compuesto por los siguientes recursos:

    a) Las redes sociales, como son los lazos de parentesco, las redes comunitarias informales, las organizaciones sociales, etc. El mantenimiento de estos vínculos requiere una inversión de tiempo y dedicación, pero permite obtener beneficios en forma de flujos de solidaridad, capacidad de defensa de intereses y derechos, obtención de información (la cual resulta determinante para la capacidad de decisión y actuación del individuo), etc.

   b) Las normas sociales (de voluntariedad, altruismo, comportamiento) y derechos comúnmente aceptados, así como las sanciones que los hacen efectivos.

   c) Los vínculos de confianza social, la cual garantiza un entramado de obligaciones y expectativas recíprocas que posibilitan la cooperación. Estas relaciones pueden abarcar también las de autoridad, consistentes en la cesión consensuada a un líder de poderes para gestionar problemas colectivos.

   Como vemos, una diferencia fundamental entre Putnam y Coleman es que el primero se limita a considerar las asociaciones horizontales, entre iguales, mientras que Coleman contempla también organizaciones de tipo vertical, esto es, con relaciones jerárquicas y una distribución de poder desigual entre las personas.

   Por su parte, otros autores presentan diversas matizaciones en la concepción del capital social. Así, Fukuyama (1995) sostiene que el nivel de confianza inherente, como característica cultural de una nación, condiciona su bienestar y capacidad competitiva. A su vez, Harriss (1997), inscrito en la corriente neo-institucional, opta por un concepto amplio, pues incluye no sólo las relaciones informales, locales, horizontales y jerárquicas, sino también las relaciones y estructuras formales e institucionalizadas: gobierno, régimen político, estado de derecho, sistema judicial, y libertades civiles o políticas. De este modo, sostiene que las instituciones tienen un efecto importante sobre el ritmo y la orientación del desarrollo económico.

   La idea del capital social ha penetrado con fuerza en el Banco Mundial, que en 1994 creó un grupo de trabajo sobre el tema dentro de su unidad de Desarrollo Social. En varios de sus estudios al respecto (World Bank, 1997), así como en su Informe sobre Desarrollo Mundial de 1997, insiste en la importancia que tiene el capital social y la organización de los actores sociales para el crecimiento económico y el desarrollo, por cuanto favorecen el intercambio de información, la coordinación de actividades y la toma colectiva de decisiones. Subraya que el capital y la cohesión social son factores cruciales para aliviar la pobreza y lograr el desarrollo humano y económico sostenible. De este modo, afirma, en sus proyectos y programas para reducir la vulnerabilidad de las personas y familias un objeto central de análisis radica en la falta de organización o vertebración social, así como en la creación de redes familiares y sociales. Igualmente, recomienda a los donantes que promocionen formas “deseables” de capital social mediante el apoyo a las ONG y los gobiernos locales, camino que efectivamente ha sido emprendido por algunos de aquéllos.

   Ciertos autores, como Harriss y De Renzio (1997), han formulado varias críticas a las concepciones del capital social de Putnam y del Banco Mundial, como las que siguen: a) La existencia de redes y normas que favorecen el intercambio económico no garantiza que éstas favorezcan la democracia: lo bueno para los mercados no tiene por qué serlo para la democracia. b) El capital social no siempre es positivo, puesto que redes y organizaciones como las mafias son perniciosas para la mayoría de la sociedad. c) El término “capital social” es impreciso y da lugar a malentendidos, pues se utiliza en referencia a contenidos bastante diferentes (vínculos familiares, organizaciones sociales, relaciones entre sociedad civil y Estado, marco político e institucional, normas sociales, etc.). d) Según cuál sea el concepto de capital social del que se parta, los proyectos orientados a incrementarlo pueden contribuir a reducir las desigualdades estructurales en las relaciones de poder, pero a veces también a incrementarlas.

   De lo dicho, podemos concluir que una persona o familia con un escaso capital social dispone de pocas capacidades y de un alto nivel de vulnerabilidad. En efecto, carece de unas relaciones sociales que le proporcionen los recursos (contactos, información, vínculos de ayuda recíproca…) necesarios para mejorar su bienestar, así como para poder ejecutar con éxito sus estrategias de afrontamiento ante los desastres.

   Hay diversos factores que pueden motivar un bajo capital social. Uno de ellos es la falta de una familia que pueda proporcionar apoyo, ya que los parientes son la principal fuente de ayuda durante y tras los desastres, sobre todo en las sociedades tradicionales del tercer mundo, donde la protección pública es escasa. Del mismo modo, las personas marginadas respecto a la comunidad en la que viven muy probablemente se vean desprotegidas y carentes de la ayuda que ésta pudiera proporcionar mediante los vínculos tradicionales de solidaridad comunitaria (ver economía moral; fondos rotatorios). Ambas situaciones afectan, por ejemplo, a los inmigrantes recientes, que suelen disponer de unas relaciones familiares y sociales reducidas. También pueden disponer de un escaso capital social aquellas personas no implicadas en redes sociales informales o en asociaciones establecidas, que son esenciales para defender los derechos y promover el desarrollo humano de los pequeños campesinos, las mujeres, y otros sectores vulnerables.

Capital Social I

Conjunto de normas, redes y organizaciones construidas sobre relaciones de confianza y reciprocidad, que contribuyen a la cohesión, el desarrollo y el bienestar de la sociedad, así como a la capacidad de sus miembros para actuar y satisfacer sus necesidades de forma coordinada en beneficio mutuo.

El capital social es un concepto de reciente y creciente aplicación en los estudios sobre el desarrollo. Se refiere a una realidad menos tangible que el capital humano (conocimientos) o el capital físico (bienes materiales), pero resulta también decisivo para la actividad productiva, la satisfacción de las necesidades personales y el desarrollo comunitario. El capital social constituye ciertos recursos de las personas, derivados de sus relaciones sociales, que tienen una cierta persistencia en el tiempo. Tales recursos son utilizados por las personas como instrumentos con los que aumentar su capacidad de acción y satisfacer sus objetivos y necesidades (obtener empleo, recibir ayuda, etc.), al tiempo que facilitan la coordinación y cooperación entre aquéllas en beneficio mutuo. En consecuencia, resulta un factor decisivo también respecto a las capacidades de las familias para afrontar las crisis y desastres, o para recuperarse tras ellos.

En buena medida, el auge del concepto parte de una reacción al pensamiento económico clásico y neoclásico, que, desde hace siglos, ha concebido a la sociedad como una serie de individuos independientes, con objetivos particulares que dan lugar a la competencia en el mercado. Por el contrario, quienes hacen uso de este concepto subrayan que las personas utilizan sus recursos sociales para conseguir, a través de la cooperación mutua, objetivos que de lo contrario serían difícilmente alcanzables (Coleman, 1990:300-304).

Aunque el término se utilizaba ya en la sociología, su incorporación a los estudios sobre el desarrollo tuvo lugar sobre todo a partir de la publicación en 1993 por Robert Putnam de su obra Making Democracy Work: Civic Traditions in Modern Italy. Éste argumenta que la existencia de una sociedad civil basada en organizaciones horizontales incrementa la confianza social entre los individuos que las componen, al tiempo que crea un entorno social que exige y propicia un gobierno más sensible y responsable hacia el bien común. Putnam ofrecía así un marco conceptual y metodológico para entender y medir el desarrollo de una sociedad civil, considerado además como esencial para el proceso de democratización. En su formulación, el capital social consiste en el activo históricamente acumulado por una sociedad a partir de la acción organizada de sus miembros (individuos o colectivos), sobre la base de determinadas normas sociales de cooperación, la interiorización de varios valores (confianza, solidaridad, reciprocidad), y la existencia de un tejido social (o “redes de compromiso”, como las denomina), permitiendo tal capital social una mayor eficacia en la consecución del bienestar.

¿Dónde y quién debe participar en fomentar un Pacto Territorial por el Empleo?

Puede promoverse a escala regional, local, en ciudades, zonas rurales o cuencas de empleo cuyas características socioeconómicas sean semejantes y presenten un agudo problema de paro.

La iniciativa de promoción y organización debe corresponder a la autoridad pública cuyas competencias sean las más idóneas con respecto al nivel de empleo y al territorio al que afecta. La acción primordial de autoridad debe ser la de invitar a todos los agentes públicos y privados a involucrarse en la elaboración del pacto. De este modo garantizar la aplicación de las medidas creadas para responder a las necesidades locales y regionales.

Se puede sintetizar y afirmar que un Pacto Territorial a favor del Empleo es una acción coordinada por una administración pública regional o local que utiliza recursos de los Fondos Estructurales de la UE, en el que participan una serie de administraciones públicas y privadas, agentes sociales, centro de formación e investigación, etc, de un territorio que presenta un desequilibrio y una tasa de desempleo muy pronunciado.

Atendiendo a la Orden 51/2010, de 22 de diciembre, de la Conselleria de Economía, Hacienda y Empleo, por la que se convocan las ayudas de fomento de empleo destinadas al Programa de Pactos Territoriales para el Empleo para el Período de 2011 y 2012, encontramos que uno de los objetivos en materia de empleo, es establecer las bases para favorecer un crecimiento del empleo a medio y largo plazo más estable, y con índices de productividad más elevados, fomentando las actividades emergente y con mayor ventaja competitiva.

Para lograr este objetivo se determinan unos ejes de actuación y unas medidas para mejorar la eficacia de las políticas activas de empleo y afrontar los efectos de la situación económica en el empleo. Con este fin y como medida especifica de fomento de empleo, se potencia los pactos territoriales para el empleo con los interlocutores sociales más representativos, favoreciendo la participación de las entidades locales sen la determinación de las estrategias y planes de actuación en sus territorios, fomentando la coordinación de las políticas de la Generalitat, y facilitando la actuación de otras administraciones.

Asimismo, las directrices y orientaciones de la estrategia europea de empleo dan una gran importancia a la creación de puestos de trabajo a escala local y a la implicación de toda la sociedad en este objetivo, y consideran que siempre que sea posible las entidades locales han de planificar y aplicar medidas activas de empleo en colaboración con las organizaciones económicas y sociales.

PAVACE II ( Pacto Valenciano por el Crecimiento y el Empleo 2009-2013) fija como objetivo principal en materia laboral que la economía valenciana siga generando puestos de trabajo más estables y de calidad, hasta alcanzar la plena ocupación, atendiendo especialmente a la inserción de los colectivos de desempleados con mayores dificultades, como los jóvenes, las mujeres, los inmigrantes, los parados de larga duración o las personas don discapacidad.

Con la finalidad de promover los planteamientos locales de desarrollo, crecimiento económico y empleo, y de acuerdo con el Plan de la Generalitat para el Impulso de la Economía y la Creación de Empleo, la Generalitat a través del SERVEF, pretende apoyar las actuaciones de los pactos territoriales para el empleo.

La convocatoria a la que hacemos referencia, recoge ayudas para actuaciones de los pactos territoriales dirigidas especialmente a la inserción de desempleados pertenecientes a empresas concretas o procedentes a sectores de producción con mayor índice de desempleo en el territorio de actuación del Pacto, desempleados en riesgo de exclusión social, creación de empresas, tutorización y asesoramiento de empresas, actividades formativas, seguimiento real del mercado de trabajo, así como, actuaciones de carácter estratégico para el mercado de trabajo.

Novedades de la Orden para el 2011:

• Se amplían las acciones de tutorización y asesoramiento a empresas implantadas en el territorio del Pacto.
• Se amplía la cuantía de subvención para la realización de trabajos de investigación del mercado de trabajo.
• Se incluye una nueva ayuda, destinada a la realización de proyectos con incidencia directa en el empleo en los que se contemplen actuaciones de carácter estratégico para el mercado de trabajo, dando así apoyo a cualquier iniciativa territorial que, puedan presentar proyectos hasta ahora no apoyados, siempre que en última instancia puedan acreditar resultados obtenidos como consecuencia de las acciones emprendidas en aplicación del pacto.